Nueva normativa española para las ‘fintech’.

Manolo RecioActualidad, Futuro, Tecnología0 Comments

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La aparición de nuevas tecnologías está facilitando la capacidad de prestar servicios financieros que hasta ahora el mercado no ofrece o lo hace de manera muy tímida. Sin embargo, las empresas que se animaban a innovar en un sector tan conservador se enfrentan a normas rígidas pensadas para entidades tradicionales. Para promover nuevas iniciativas, el Parlamento Europeo aprobó a finales de 2015 la directiva de pagos II, conocida como DSP2, que España debe transponer antes del 13 de enero de 2018.

El sector reclama que la futura normativa se asemeje a modelos más flexibles como el que tienen muchos países anglosajones. Sin embargo, el sistema favorito es el que está implantado en Reino Unido, que cuenta con una regulatory sandbox, con la que se pretende que las start up prueben nuevos modelos de negocio disruptivos en situaciones reales pero controladas, a la vez que no tienen que afrontar ciertas medidas regulatorias.

Otro tipo de empresas que podrían verse beneficiadas de la implantación de una sandbox especial para startups financieras, serían entidades encargadas de gestionar temporalmente y hasta ciertos límites cuantitativos cuentas de compensación y liquidación a través de las cuales aproximar las nuevas tecnologías a los clientes finales, ya que este tipo de iniciativas ya se desarrollan en países pioneros como Reino Unido, Suiza, Singapur o Australia, por lo que, en estos momentos, las compañías que operan en España se encuentran en desventaja competitiva.

La directiva europea, que deberá desarrollar la normativa española, también establece una serie de garantías adicionales a los usuarios, como un procedimiento de reclamación, así como de resolución alternativa de litigios mucho más accesible y eficaz que los actuales. Además considerar aspectos como los criterios de selección de las empresas a las que se autorice operar en la sandbox, la extensión temporal de este régimen especial o las obligaciones de los beneficiarios durante su vigencia.

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